Guarda y custodia compartida: los factores que pesan de verdad en la evaluación psicológica

El juzgado ha señalado la vista y todo gira en torno a una pregunta: si la guarda y custodia será compartida. Quien redacta la demanda o la reconvención quiere saber qué va a mirar el psicólogo; quien se forma en el ámbito forense, con qué criterios se construye un dictamen de custodia; y quien vive el proceso en primera persona, qué datos de su vida cotidiana acabarán pesando. La evaluación psicológica no concede ni retira nada: aporta al juez lo que la ley le obliga a valorar, en particular la relación de los progenitores entre sí y la de cada uno con sus hijos.

Lo que la ley exige antes de acordar la guarda compartida

El Código Civil fija el punto de partida en su artículo 92. El apartado 5 dispone que se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia cuando ambos progenitores lo soliciten en la propuesta de convenio regulador o lleguen a ese acuerdo durante el procedimiento: el pacto es, por sí solo, el primer supuesto legal. En el procedimiento contencioso, el apartado 6 obliga al juez a recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores con suficiente juicio y valorar la prueba junto con dos extremos que interesan aquí: la relación que los padres mantengan entre sí y la que mantengan con sus hijos, para determinar su idoneidad con el régimen de guarda. El apartado 9 permite recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados sobre la idoneidad del régimen de custodia.

¿Qué mira de verdad una evaluación psicológica de custodia?

No responde a quién es mejor padre, sino a cuatro ejes. La relación entre los progenitores: si existe un mínimo de coordinación o un conflicto que impide cualquier decisión conjunta. La relación de cada uno con el hijo: quién ha ejercido los cuidados, con qué continuidad y con qué calidad. La logística real: domicilios, colegio, jornadas laborales, apoyos familiares, tiempo de desplazamiento. Y las necesidades del menor según su edad. La exploración combina entrevistas con ambos, observación directa de la interacción con el hijo, instrumentos de parentalidad (CUIDA, Índice de Estrés Parental), escalas de conducta y fuentes colaterales: colegio, pediatría, servicios sociales.

La cooperación parental: el eje que más pesa

Es el factor que con más frecuencia inclina el dictamen, y no se mide preguntando si los progenitores se llevan bien. Se observa cómo se comunican, qué canal utilizan, si cumplen el régimen vigente, si deciden sobre colegio o salud sin consultar, si el menor hace de mensajero, si uno descalifica al otro delante del hijo. La pregunta técnica no es si hay afecto entre los adultos, sino si pueden sostener un mínimo de coordinación durante los próximos años.

¿Basta llevarse mal para descartar la compartida?

No. La conflictividad por sí sola no excluye el régimen compartido: si el mero desacuerdo bastara, sería inaplicable en la mayoría de los procedimientos contenciosos. Lo que pesa es su intensidad, su cronicidad y el modo en que alcanza al menor. Un desacuerdo sostenido sobre criterios educativos, con una comunicación correcta y sin interferir en la relación del hijo con el otro progenitor, admite un reparto compartido. Un conflicto que obliga al menor a elegir o que se traduce en incumplimientos reiterados del calendario apunta en sentido contrario. El informe describe conductas y su efecto sobre el hijo; no etiqueta a los adultos.

Distancia, colegio y doble domicilio: lo que decide un calendario

La viabilidad logística se evalúa con datos. Suponga que un progenitor reside a sesenta kilómetros del colegio y el otro a ochocientos metros. La pregunta no es quién tiene razón, sino cuánto tiempo pasará el menor en un vehículo cada semana, quién cubre una enfermedad súbita un martes por la mañana, quién asiste a la tutoría o dónde queda el material escolar. La guarda compartida no exige una alternancia matemática del cincuenta por ciento: existen fórmulas de semanas alternas, de reparto desigual con pernocta entre semana y de bloques ampliados. El dictamen debe ofrecer una propuesta concreta de días, lugares y horas de intercambio, con los conflictos previsibles ya resueltos.

¿A qué edad conviene qué frecuencia de alternancia?

La edad condiciona la frecuencia, no el derecho de los progenitores. En los primeros años pesan la continuidad de las rutinas y la presencia de las figuras de cuidado habituales, y suelen proponerse periodos cortos y frecuentes antes que semanas completas. En la infancia media gana peso la vida escolar y el grupo de iguales; en la adolescencia, la opinión del propio menor y su necesidad de autonomía. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado según su edad y madurez (artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996), y la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que sea oído en todo caso al alcanzar los doce años. Su opinión es un elemento relevante, nunca un voto. El artículo 92.10 del Código Civil añade la cautela de procurar no separar a los hermanos.

Cuándo la evaluación no respalda la guarda compartida

Hay supuestos en los que el dictamen se orienta en contra. El artículo 92.7 excluye la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos, y cuando el juez advierta indicios fundados de violencia doméstica o de género; el precepto aprecia también los malos tratos a animales como medio de control o victimización. Fuera de ese terreno, el reparto puede desaconsejarse cuando existe obstrucción sostenida del vínculo con el otro progenitor, cuando la alternancia resulta inviable o cuando el menor presenta una desregulación grave asociada a los intercambios. Desaconsejarlo no cierra la puerta: cabe proponer un régimen compartido con apoyos, intercambios en lugar neutro y cláusula de revisión.

Qué debe contener el informe para ser útil en la vista

Un dictamen se juzga por lo que permite hacer con él. Debe identificar el objeto de pericia, describir el método con detalle suficiente para replicarlo, acreditar que ambos progenitores han sido evaluados con metodología equivalente, recoger la exploración del menor en lenguaje adaptado, citar las fuentes colaterales y separar lo observado de lo inferido. Y debe cerrar con una propuesta operativa: calendario ordinario, vacaciones, horarios y lugar de intercambio, criterios ante incidencias y previsión de revisión. El tribunal no queda vinculado por el dictamen y lo valora según las reglas de la sana crítica, junto con el resto de la prueba; la ley permite pedir su ampliación y la comparecencia del perito.

Un paso concreto antes de la próxima vista

Construya, con fechas, el calendario real de convivencia de los últimos meses: qué noches ha dormido el menor con cada progenitor, quién lo llevó al colegio, quién acudió a las citas médicas, quién resolvió las incidencias. Es un documento verificable, sirve de base a cualquier evaluación, la del equipo técnico judicial o la de un perito de parte, y obliga a discutir sobre hechos, no sobre caracteres. Si representa a una parte, solicite por escrito que el objeto de pericia quede concretado y se traslade a todas las partes; y no prepare al menor con instrucciones: sostenga el comportamiento que el informe tendrá que describir.