La oposición de psicología al servicio de la Administración de Justicia: de la convocatoria al supuesto práctico

El psicólogo que acaba de terminar el máster abre el programa por primera vez: sesenta y cinco temas, dos ejercicios eliminatorios y un destino probable en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El abogado que prepara un procedimiento de familia quiere saber quién examinará a su cliente y con qué método. Y la persona inmersa en un litigio descubrirá que el informe que tanto le importa lo firmará, previsiblemente, quien aprobó esta misma oposición. Conviene precisar qué se convoca: el nombre con el que se conoce esta salida no coincide del todo con la realidad administrativa.

Qué se convoca exactamente y dónde se trabaja

No existe un Cuerpo Nacional de Psicólogos Forenses: las plazas de psicología al servicio de la Administración de Justicia se convocan como personal laboral fijo del grupo M3, sujeto al IV Convenio colectivo único del personal laboral de la Administración General del Estado. La convocatoria de 2026 ofreció catorce plazas de acceso libre: doce de turno general y dos reservadas a personas con discapacidad.

El anexo de plazas sitúa los destinos en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (régimen del Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero), de modo que el puesto habitual es el de un equipo psicosocial o una unidad de valoración forense integral, no el de un juzgado. Las bases y sus anexos se publican en mjusticia.gob.es, el portal del ministerio, y ese es el documento que decide: no el resumen de una academia.

¿Qué exige la convocatoria para poder presentarse?

Basta la nacionalidad española, la de un Estado miembro de la Unión Europea o los supuestos asimilados: cónyuges, descendientes y residentes legales. La edad mínima son dieciséis años cumplidos. La titulación exigida es la licenciatura en Psicología o el grado en Psicología acompañado del máster oficial, homologados o equivalentes; quien estudió fuera debe aportar la credencial de homologación o el certificado de equivalencia, y basta con estar en condiciones de obtener el título. Se exige además capacidad funcional para las tareas y, por ser profesión con contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales ni por trata. Se acreditan al cerrarse el plazo de solicitud y se mantienen hasta la firma del contrato.

El primer ejercicio: cien preguntas y un tercio por error

El primer ejercicio es un cuestionario de cien preguntas con cuatro respuestas alternativas y una sola correcta, en dos partes que se contestan el mismo día: cincuenta del temario común y cincuenta del específico. Se dispone de cien minutos. Cada error descuenta un tercio del valor de un acierto; las respuestas en blanco no penalizan. La calificación máxima es de cuarenta puntos (veinte por cada parte) y hay que alcanzar veinte para superarlo, umbral que el órgano de selección puede elevar después.

La penalización tiene una consecuencia que conviene asumir desde el primer simulacro: responder al azar tiene valor esperado cero y añade varianza a una nota que se compara con un corte fijado en puntuación directa.

El segundo ejercicio: un caso práctico que se lee en voz alta

Superado el test, el segundo ejercicio consiste en resolver una prueba práctica sobre los temas de la parte específica. El tiempo máximo es de dos horas. Si se resuelve por escrito, se lee después en sesión pública ante el órgano de selección, que puede dialogar con el opositor durante un máximo de quince minutos.

Ese formato reproduce en miniatura lo que ocurre en una vista: un supuesto típico puede pedir el análisis de la exploración de un menor en un procedimiento de familia, la valoración de una huella psíquica o la coherencia de un relato. La prueba se califica de cero a sesenta puntos, con un mínimo de treinta; la nota final suma los dos ejercicios, con un mínimo de cincuenta. En el turno libre no hay baremo de méritos.

¿Qué se valora en la prueba práctica, además del contenido?

Las bases enumeran lo que se mira: los conocimientos, la claridad y el orden de ideas, la calidad de la expresión escrita y la forma de presentación o exposición oral. Traducido al trabajo real, eso significa comprobar si el candidato identifica el objeto del encargo antes de responder, si distingue lo que ha observado de lo que infiere, si nombra la técnica que aplicaría con sus límites y si concluye sin excederse de lo que los datos permiten sostener.

Un examen que responde con un tema aprendido (la doctrina sobre la guarda y custodia, por ejemplo) no responde al caso. Y el diálogo posterior revela lo mismo: en quince minutos se advierte si el candidato domina la estructura de un informe pericial o si recita.

Qué distingue una preparación seria de una memorística

La memorística se organiza alrededor del temario: subrayar, repetir, hacer test. Es necesaria para el primer ejercicio y suficiente para nada más, porque el segundo no se contesta con definiciones. Una preparación seria añade tres cosas.

Primera, producción escrita cronometrada: redactar dictámenes completos (identificación del perito, objeto, metodología, instrumentos con sus baremos, resultados, conclusiones y limitaciones) en dos horas y sobre supuestos que no coincidan con ningún tema del programa.

Segunda, lectura en voz alta y defensa: leer el propio informe ante alguien que pregunte de verdad, empezando por los extremos que más comprometen a quien firma.

Tercera, entrenamiento en la respuesta acotada, que es la que sostiene después una ratificación en sala: por qué ese instrumento, por qué ese baremo, qué hipótesis alternativa se descartó y con qué dato. Ninguna de las tres se improvisa el mes anterior.

¿Basta con estudiar el temario de cualquier convocatoria de psicología?

No, y es el error más caro. La parte común del grupo M3 (veinte temas sobre organización del Estado, procedimiento administrativo, el convenio colectivo, igualdad y prevención de riesgos) se comparte con otras especialidades y ministerios. El programa específico, en cambio, se fija en el anexo VII de cada convocatoria y no es intercambiable. En el programa de Administración de Justicia son cuarenta y cinco temas que van de los procesos básicos (memoria, cognición, personalidad, desarrollo) a la pericia psicológica, el informe pericial, la simulación, la exploración forense de menores, la prueba preconstituida o la violencia de género, casi todos cerrados con la coletilla «valoración en el ámbito jurídico-forense». Las cifras las fija cada convocatoria en sus anexos: se leen allí, no en un temario de segunda mano.

Un paso concreto antes de decidir cómo prepararse

Descargue del portal del ministerio las bases y sus anexos, y localice dos documentos: el anexo V, que describe los ejercicios, y el anexo VII, que fija el programa y la titulación exigida. Lea los cuarenta y cinco temas específicos y compruebe, uno por uno, cuáles sabría explicar y cuáles no. Compruebe también que el programa vigente coincide con el que tiene en casa, porque cambia de una convocatoria a otra. Después coja un supuesto de familia o de violencia, redacte un informe en dos horas y sin apuntes, y al día siguiente léalo en voz alta. La distancia entre lo que salió y lo que debería haber salido es su plan de estudio.